En la exposición por el director ejecutivo de Amitigra, Manuel López Luna, se conoció al menos siete leyes principales relacionadas con la problemática: Ley General de Aguas, Ley Marco del Sub Sector Agua y Saneamiento, Ley General del Ambiente, Ley de Municipalidades, Ley de Ordenamiento Territorial y el Plan de Nación.

“Aunque las leyes pueden ser muy buenas, explicó el experto, no hay armonía entre ellas; por el contrario, se crea una compleja estructura de actores en cada una de ellas, y sobretodo, una duplicidad de funciones”.

También hace la falta la incorporación de instituciones fundamentales, como el caso del Instituto de Conservación Forestal, que no aparece formando parte de la autoridad del agua.

ANALISIS LEGAL Y SIMPLIFICACION

Luego del análisis de la situación, los miembros del Frente Ciudadano decidieron que se organizará un sub comité para el análisis de las leyes y reglamentos, así como la identificación de los actores, estableciendo los principales puntos de encuentro y posibles contradicciones en los temas.

Se revisará el inventario de leyes y reglamentos, comenzando por el Plan de Nación como la base estratégica del actual gobierno y una buena herramienta para articular la legislación vigente porque su enfoque del agua va desde la parte alta hasta que llega al mar.

También porque establece una nueva división política que enmarca a todas las instituciones y puede facilitar su funcionalidad de manera integrada, al servir como marco general para la armonización de leyes.

Asimismo se presentará la situación ante las autoridades del Congreso Nacional y de la Secretaría de Planificación (SEPLAN), con el fin de presentarle los resultados del análisis legal, los problemas que están generando esas contradicciones legales y algunas propuestas de solución para reducir la conflictividad entre las leyes.

El objetivo es buscar la posibilidad de emprender un proceso de simplificación de las leyes, para unificarlas bajo el enfoque integral. También sugerir una revisión de las estructuras de autoridad que establecen y recomendar que sean más funcionales, porque actualmente, la mayoría incorpora a funcionarios con rango de ministro, a los que resulta casi imposible de llevar a las reuniones. (LB/CAPITAL 450)